UNA MIRADA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

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Hay colegios, que con tal de meterse en la carrera por los incentivos, han estipulado en sus  acuerdos de evaluación  que los maestros debemos promover a los estudiantes en cada periodo, sin permitir que pierda más del 10% y adecúan  la plataforma para obligarlos a ello, lo cual  genera malestar en muchos docentes y una especie de comodidad en los alumnos,  ya que éstos,  una vez enterados de la situación, la actitud es de conformismo por la nota de 3.0, máxime si corren con la suerte de que en su curso dos o tres alumnos se han retirado físicamente, sin que los hayan retirado del sistema.

La institución educativa, no puede estar planteando alternativas que rayan con la responsabilidad académica que nos corresponde tener en una institución que formamos jóvenes para la vida, y sobre todo para este siglo XXI, en donde cada día se requiere más responsabilidades académicas y disciplinarias, así como la apropiación de los valores que nos exige cumplir en la sociedad.

El artículo 67 de la Constitución establece que los responsables de la educación son el Estado, la sociedad y la familia y en consecuencia, todos debemos concurrir, para que dicho proceso se pueda llevar a cabo; es decir, en el proceso educativo, no solo la institución educativa debe velar para que el estudiante aprenda, sino que la familia y como tal los estudiantes deben poner su granito de arena. Una institución que busque promover automáticamente, en cada periodo, al 90 %, es una institución que puede estar promoviendo el facilismo.

Es mucha la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en la que se ha señalado que el conjunto de deberes es para todos aquellos que hacemos parte del proceso educativo, lo cual es considerado  como indispensable,  para poder garantizar el papel de la educación en la construcción del Estado Social de derecho, democrático, pluralista y participativo; ha dicho también que el proceso educativo involucra a los padres y a la familia, como institución que constituye el núcleo fundamental de la sociedad y es la principal responsable de la educación.

Así las cosas, la institución sola no tiene por qué echarse la culpa de todo lo que sucede en el proceso de aprendizaje, sino que debe exigirles a todos, lo que les corresponde. Si a un estudiante no se le exige que cumpla con lo que le corresponde y al igual se hace con el padre de familia, la institución tiende a convertirse en alcahueta de la irresponsabilidad del uno y del otro. “el goce del derecho fundamental de la educación implica el cumplimiento de deberes por parte del educando y también le exige tener un adecuado rendimiento académico en armonía con las exigencias propias de la institución educativa”

No se desconoce  que  varias directivas del Ministerio de Educación Nacional, entre ellas la No. 29 de 2010, establece que los establecimientos educativos deben propender por establecer métodos conducentes a la superación de las debilidades de los educandos y como tal deben partir también de un análisis del proceso formativo, durante la totalidad del año escolar y no exclusivamente del promedio de cada periodo; también dice que la reprobación debe ser la excepción y no la regla; el documento No 11 también reza que la evaluación debe enfocarse hacia una mirada más amplia sobre los sujetos y como tal se debe tener en cuenta los contextos, las diferencias culturales y los ritmos de aprendizaje, entre otros. En ese sentido, los profesores debemos valorar los desempeños, los trabajos en grupo, las interacciones sociales, las acciones diarias en el aula, las explicaciones a sus pares, en fin, lo que hacemos los maestros diariamente y que también hacen parte de los acuerdos de evaluación y estrategias institucionales. Una vez cumplido lo anterior y una vez agotadas muchas de las estrategias formuladas, si el alumno no cumple, es antiético y antipedagógico el tener que promoverlo a la fuerza.

En consecuencia, con lo anterior, la preocupación de algunos miembros de la comunidad educativa, por promover a los muchachos independientemente si han adquirido las competencias o los conocimientos requeridos para determinado nivel, van en contravía de ese principio tan sagrado como es el derecho- deber. Propuestas como la de obligar a los maestros a que solo debe perder un  10% o un 5% en un  periodo académico, desconoce  lo planteado por la Corte Constitucional en varias Sentencias, entre las cuales, una de ellas plantea que las calificaciones son autonomía del maestro y como tal, si se ha cumplido el debido proceso, no pueden ser alteradas por ninguna autoridad, independientemente del rango que tenga, es decir, si el sistema de calificaciones en una institución se diseña de tal manera que no se pueda reportar como pérdida de más de un 10%, se está violando dicha autonomía. “el profesor es autónomo para calificar; ni el rector ni funcionarios administrativos, pueden alterar el resultado de una evaluación”(ver Sentencia 314 de 1994). Con base en esa Jurisprudencia, muchos colegios de calidad, hicieron caso omiso al Decreto 230 y a otras orientaciones del Ministerio de entonces.

Es decir, si en un colegio, a un profesor, después de haber generado todas las oportunidades y desarrolladas las estrategias estipuladas en el Sistema Institucional de Evaluación, si pierde un porcentaje mayor al estipulado en el acuerdo de evaluación, el sistema no puede obligarlo a que debe pasar a un determinado número de estudiantes, cuando sus competencias no han sido adquiridas. Otra cosa es que, a final de año, en las comisiones de evaluación y promoción, por mutuo acuerdo o por consensos, se defina la promoción de determinado porcentaje de muchachos, pero repito, esto debe ser consensuado o aprobado por el profesor de la asignatura respectiva.

Ahora, otra cosa, es cuando se presenta una arbitrariedad por parte de un docente, en el sentido de no permitir o cumplir con lo reglado desde el punto de vista pedagógico en el acuerdo de evaluación; por ejemplo : si al estudiante no se le revisa una tarea, si no se le asigna las actividades de recuperación o de reforzamiento o como se llame,  o también, cuando el alumno solicita revisión de un trabajo o evaluación y no se le tiene  en cuenta; en este caso, el discente está en todo el derecho de solicitar las explicaciones respectivas y los directivos docentes deben estar prestos a ayudarlo para que no pierda la asignatura o la evaluación asignada.

Para este caso, también existe jurisprudencia, ya que la autonomía del maestro o la libertad de cátedra, no puede convertirse en libertinaje o en una excusa para cometer arbitrariedades. La misma Sentencia establece que: “cuando el estudiante cree que hay arbitrariedad, puede acudir ante el profesor y pedir la revisión de la nota. Las decisiones del profesor deben sustentarse. El profesor al definir el reclamo debe tener en cuenta que una de las dimensiones del debido proceso es la motivación de la decisión que se tome, no se trata solamente de que el profesor rechace de plano la reclamación sino que debe expresar las razones de su determinación”  “ El Estado, al velar por la calidad de la enseñanza, no puede enervar su acción vigilante y correctiva porque la antepongan la autonomía del profesor, ya que la libertad de cátedra se viola por parte del mismo profesor cuando lo que se configura es el arbitrio injustificado de éste, es decir, el libertinaje académico, que no puede ser legítimo, bajo ningún aspecto”.

Dicho lo anterior, no puede esgrimirse como excusa, el que este tipo de decisiones se toman, por la arbitrariedad que en determinado momento podamos cometer uno u otro docente, ya que legal y jurisprudencialmente, hay elementos suficientes para la defensa del estudiante o de su tutor, a través, de lo que, en los Sistemas Institucionales de Evaluación, se le denomina, debido proceso.

Con lo anterior, lo que quiero expresar, es que independientemente de los afanes en que ande el gobierno por demostrar “calidad”, los funcionarios, llámese rectores, oficinas de inspección y vigilancia o secretarios de educación, entre otros, no pueden, pasar por alto, esa preciosa garantía, como la misma Corte la denomina, cuando se refiere a la libertad de cátedra:“el profesor conocedor de su materia y preparado en el área, es libre de escoger el sistema que guiará su desarrollo… y determinará la forma de evaluación, conforme a las disposiciones que reglamenta la actividad educativa… sus límites están dados por la Constitución y la ley, sin que en su ejercicio puedan desatenderse los fines de la educación: Formar colombianos que respeten los derechos humanos, la paz y la democracia” ( ver Sentencia  T 493 de 1992), más adelante, agrega la misma Sentencia,  “ El ejercicio de la libertad de cátedra no puede ser recortado en sus alcances restringiéndola a la simple adopción de decisiones sobre aspectos puramente formales. Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa garantía, de la cual hace parte además del elemento instrumental (evaluación, metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos”

Hay otra Sentencia, la T-604 de 2007 que dice que los reglamentos no pueden contener elementos, normas o principios que vayan en contravía de la Constitución, así como la  Sentencia Unificada, SU-641 de 1998, dice que se puede inaplicar la norma, cuando la exigencia del cumplimiento amenace o violen los derechos fundamentales de uno de los integrantes de la institución, que en este caso, es el derecho a la libertad de cátedra, consagrado en el artículo 27 de la Constitución y que hace parte del capítulo primero, de los derechos fundamentales y que ha sido muy bien sustentado por mucha jurisprudencia constitucional.

Si continuamos en esa carrera en que nos han metido el Ministerio de Educación, en el sentido de promover para demostrar promoción sin aprendizaje, terminaremos abocados a que al final de los ciclos respectivos, tendremos que contratar entidades piratas para que nos preparen a los niños y jóvenes para las pruebas saber, con lo cual se desvirtuará, no solo el papel de la educación, sino el de los educadores, lo cual es demasiado peligroso, en una economía de mercado y en un momento en que se está buscando fortalecer la privatización de la educación. 

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