Pensión para la tercera edad puede terminar en un bono

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En Colombia es mayor el número de personas con devolución de saldos que quienes obtienen una pensión. Al comparar los regímenes pensionales, se advierte que los aportes más la rentabilidad ofrecida por los fondos privados no alcanzan para lograr una pensión.

El sistema pensional se debate entre el régimen de cotizaciones definidas y el de prestaciones definidas, como ha caracterizado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los dos sistemas pensionales que compiten en Colombia. En el de ahorro individual con solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados de pensiones, el afiliado conoce el monto de su cotización, pero no el valor de su pensión, porque este depende de la rentabilidad,que presenta una alta volatilidad antela libre circulación de capitales especulativos internacionales.
En el de prima media (RPM), además de saber cuánto aporta, el afiliado suscribe un contrato con el administrador (Colpensiones), en el que conoce la tasa de reemplazo entre el salario y la pensión. La opción de seleccionar uno u otro puede afectar sus condiciones de vida durante la tercera edad, dado el bajo nivel de ahorro de la mayoría de colombianos. Por lo tanto, es una responsabilidad “ética” de los investigadores y de los organismos comprometidos brindar toda la información, incluidas las mencionadas tasas.

Las conclusiones de los dos últimos congresos de Asofondos han tenido un elemento en común: recomendar
que primero se lleve a cabo una reforma laboral y después se ajuste el sistema pensional. El camino para
hacer los ajustes, tal y como sucede con el sistema en salud, es la promulgación de decretos y no su debate y posterior aprobación en el Congreso de la República. Esta recomendación limitaría el proceso democrático de
discusión acerca de las condiciones de vida de la tercera edad. La tecnocracia de Planeación, del Ministerio de Hacienda y de algunos centros de investigación y medios de comunicación controlados por el gran capital, ha expresado que los parafiscales (denominados por ellos impuestos a la nómina) y el salario mínimo (considerado por ellos muy elevado) son trabas a la generación de empleo y originan la informalidad.

En su opinión, la supresión de los primeros, realizada por medio de la Reforma Tributaria del 2012, y la disminución del segundo, aumentarían la demanda laboral, llevarían a formalizar el trabajo y, por tanto, incrementarían la cobertura de afiliación en pensiones. Esta argumentación queda en cuestión al relacionar el salario mínimo con el valor de la canasta familiar. La credibilidad de los fondos En el octavo congreso de Asofondos, su presidente, Santiago Montenegro, insistió en la necesidad de eliminar los subsidios al rpm, excepto para quienes ganan un salario mínimo legal vigente (smlv). Tal vez pensaba en el subsidio potencial que otorgará el Estado a los fondos privados que no pueden garantizar una pensión igual al salario mínimo.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, en 2013 para tener derecho a una pensión igual a un
salario mínimo en el RAIS, un hombre de 62 años debía tener en su cuenta de ahorro individual 153.565.721 pesos y una mujer de 57 años, 124.493.490 pesos. Estas sumas solo las completa el 2 % de la población afiliada en edad de pensión, por tanto al 97 % le deberán devolver los saldos porque no cumplen con las semanas de cotización y la edad correspondiente, y apenas el 1,5 % tendrá derecho a una pensión
mínima (gpm).
Vale la pena recordar que en enero de 2015 el 23 % de los afiliados (1.589.895) en los fondos moderados del rai tenía un índice base de cotización de entre 1 y 2 smlv, es decir, más del 97 % no podrá acceder a una renta vitalicia.
Esta situación cuestiona la credibilidad de los fondos privados, pues ni siquiera pueden garantizar el derecho
a una pensión equivalente a un salario mínimo, razón por la cual los cinco presidentes de los fondos privados están interesados en avanzar en las rentas vitalicias y en que ese punto sea tratado en una futura reforma pensional.

La Contraloría estableció la diferencia entre el valor promedio de la pensión recibida en Colpensiones y la
obtenida por un fondo privado, en la cual se advierte la inequidad entre los dos regímenes y la discriminación
contra la mujer que, salvo en el primer rango del ingreso base de liquidación (ibl), recibe una suma inferior en el rais, comparada con la que obtendría como afiliada a Colpensiones. En el caso de quienes perciben ingresos medios, por ejemplo hombres con IBL entre 5 y 6 smlv, recibirían en el rais el 67 % de lo que hubieran percibido en Colpensiones; mientras que con un ibl de 6 y 7 smlv, este porcentaje sería del 61 %. Tal situación explica en parte por qué se realiza el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones. La reducción de la masa de ahorro también se explica porque del 16 % de los aportes obreros patronales que se cancelan para el sistema pensional, solo ingresa el 11,50% a la cuenta individual de los afiliados, lo que significa que apenas el 71 % de la cotización se destina a incrementar las reservas pensionales en dichas cuentas. Además, del total de los aportes se debe descontar el 1,5 % para la garantía de pensión mínima, es decir, los propios afiliados deben contribuir a esta garantía y no el capital de los fondos. Otro indicador es la indemnización sustitutiva (en el RPM) y la devolución de saldo (en el rais). En el primer régimen, según la Contraloría, el 34 % recibe la indemnización, mientras que en el rais es el doble, es decir el 68 %, lo que significa que en estas instituciones existe una forma de ahorro financiero que no brinda protección social a la tercera edad.

Desde 1996 hasta el 2013, se pensionaron 45.941 afiliados y se les devolvieron saldos a 46.251. Solo en 2012 se pensionaron 5.707 personas y se les devolvieron saldos a 9.319, es decir al 62 %. Esta cifra señala que los
aportes más la rentabilidad ofrecida por los fondos privados no son suficientes para lograr una pensión.
Según el DANE, en el cuarto trimestre de 2013, la informalidad en 26 ciudades era del 49,4 % de la población ocupada, la afiliación a pensiones era del 46 % del total de ocupados y solo el 32 % de los adultos mayores
disfrutaban de una pensión. Adicionalmente, dos fondos de pensiones —Protección y Porvenir— en el fondo moderado (datos a 16 de enero del 2015) controlaban el 85 % de la afiliación de cotizantes activos y el 81 % de las inversiones, que para todo el sistema eran de 132 billones de pesos. Panorama desolador Según el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 y la Superintendencia Financiera, el ahorro en los fondos de pensiones en 1996 era del 4,4% del PIB; en el 2010, del 19,5%; y en el 2014, del 19,6%. A nivel desagregado, el rubro más importante es el de los fondos de pensiones obligatorias, el cual ha pasado del 1,6% en 1996, al 12,9% en 2006, al 19,5% en 2010 y al 18,1% en el 2014, mientras que los fondos de pensión individual han pasado
del 0,5% al 1,5%.

El panorama para la población que llegue a la tercera edad no es halagüeño. De acuerdo con la información de la Contraloría “en el RPM, el 74 % de la población indemnizada tenía menos de 500 semanas cotizadas y el 80 % recibió un monto inferior a 4 millones de pesos, en un promedio de 2,6 millones de pesos para mujeres y 3,1 millones para hombres”, mientras “al 36 % de la población vinculada al RAIS (46.251 afiliados) se le devolvió en promedio un monto inferior a 4,2 millones de pesos; al 64 %, entre 4,2 millones y 37 millones; y al 10 %, un monto superior a 37 millones”.

Parece ser que el sistema se ha distorsionado, es más una estrategia de ahorro financiero que una protección vía sistema pensional. Estas sumas, además de mostrar la inequidad, se pueden agotar en el corto plazo, lo que representa que al llegar a la tercera edad los viejos tendrán que acudir a la solidaridad intergeneracional o acceder a programas de asistencia social con recursos muy limitados y con altos rasgos de miserabilismo.

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